Contraloría Municipal, se encuentra investigando apoyo a familiares de funcionarios.

“Tenemos abierta una carpeta de investigación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato”, Ricardo Cortés Morales. 

Por Saúl Medina. 

San Felipe, Gto.- Después de la publicación de la nota informativa del viernes 29 de marzo del presente año, con el título “DIF entrega apoyo a familiares de funcionarios”, se acudió con el Contralor Municipal, Ricardo Cortés Morales, quien comentó “vamos a iniciar una investigación, ya tenemos abierta una carpeta de investigación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato”. 

La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, tiene un objeto, principalmente establecer que tipo de responsabilidad administrativa puede caer un servidor público, sus obligaciones, sanciones y acciones. 

Agregó “para yo poder concluir en una sanción, necesito investigar, allegarme de elementos suficientes y necesarios para poder determinar, si una la omisión o la obligación o en este caso por ahí mencionas en la nota un conflicto de interés para que pudiera configurarse, tipificarse”. 

“De acuerdo a la ley de responsabilidades, tenemos que tipificar correctamente la acción que puede ser acaecida en una sanción; entonces necesitamos allegarnos de elementos, de las reglas de operación, sobre todo del cumplimiento de los requisitos y ver sobre todo que se dice que es el papá, bueno hay que ver el nexo con el servidor público”, mencionó el Contralor Municipal. 

Remarcó “en ese sentido, no solamente al servidor público puede ser responsable, sino también el particular, de acuerdo a la nueva ley de responsabilidades; vincularlos con faltas administrativas sobre todo graves, también pueden ser sancionados. No sólo por el hecho de que yo soy ciudadano me lavó las manos, recibo el beneficio y ahí queda; el asunto es que ahora con la nueva ley de responsabilidades administrativas, también el ciudadano con beneficios; y en todos los demás rubros como: contrataciones, en relación a contratistas, todo ciudadano que tenga que ver con la administración pública en algún interés, también puede ser responsable”. 

“En el artículo 13 fracción VI, nos habla sobretodo de las omisiones por parte de un servidor público; y aprovechando el medio de comunicación, el pasado 15 de marzo del presente año, se publicó el código de ética para los servidores públicos de la Administración Pública del Municipio de San Felipe, siendo obligatorio para todos los servidores públicos”, añadió Cortés Morales. 

Afirmó “en su apartado de las reglas de integridad de dicho código, en su artículo 5 y fracción IV de las reglas de integridad nos habla sobre todo de las reglas de los programas gubernamentales; refiriéndose a todo tipo de programas que beneficie a la ciudadanía, el servidor público debe de cuidar: si brindar los apoyos y programas gubernamentales a personas, agrupaciones o entes que cumplan los requisitos; sin embargo también es una omisión del servidor público si otorga el programa u beneficio cuando no cumplan con los requisitos. Para nosotros como órgano interno de control, es difícil tipificar las sanciones de los servidores públicos, debido a que se nos complica el asunto cuando ya tenemos que allegarnos de evidencias documentales necesarias para poder adjudicar una responsabilidad”. 

Para finalizar, comentó “nos encontramos trabajando en la investigación de dicho caso, y la nueva ley de responsabilidades administrativas, no nos establece un plazo, pero en su artículo 74 nos habla de la prescripción de las responsabilidades administrativas; en donde en faltas administrativas nos habla de hasta de tres años para instaurar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Y en relación a faltas graves o faltas particulares, el plazo de prescripción es de 7 años, principalmente por la complicación de los asuntos o de cuantía; se requiere de más tiempo”  

Ricardo Cortés Morales, Contralor Municipal, comentó “tenemos abierta una carpeta de investigación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato”. 

 

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